Un desastre, la 'cero tolerancia'

The Washington Post
2018-07-28

Washington— Cuando un juez federal ordenó a la administración Trump que reunificara a las familias migrantes separadas en la frontera, los equipos de control de daños del Gobierno se enfrentaron a un problema inmediato.

No estaban seguros de quiénes eran las familias, mucho menos qué término utilizar para describirlas.

Las bases de datos de Aduanas y Protección Fronteriza tenían categorías para “unidades familiares” y “niños extranjeros no acompañados”, que llegan sin padres. No tenían una clasificación distinta para más de 2 mil 600 niños que habían sido arrebatados a sus familias y colocados en albergues del Gobierno.

Entonces los agentes idearon un nuevo término: “unidades familiares eliminadas”.

Cuando enviaron esa información a la Oficina de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a la que se pidió facilitar las reunificaciones, la base de datos de la oficina no tenía una columna para esas familias.

La herramienta informática crucial para solucionar el problema quedó paralizada. Los trabajadores sociales y los funcionarios de salud del Gobierno tuvieron que examinar a mano los archivos de los casi 12 mil niños migrantes bajo custodia del HHS para averiguar cuáles habían llegado con sus padres, dónde fueron encarcelados los adultos y cómo volver a juntarlos.

Los fracasos combinados para registrar, clasificar y rastrear a los padres y niños migrantes separados por la represión fronteriza de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump se convirtieron en la parte medular de lo que ahora se considera una de las mayores debacles de su presidencia. La rápida implementación y la repentina reversión de la política golpearon fuertemente a varias agencias federales, lo que obligó a la activación de un centro de comando de HHS utilizado habitualmente para manejar huracanes y otras catástrofes.

Luego de que el jueves expiró plazo de 30 días para reunir a las familias “eliminadas”, el juez federal de Distrito Dana M. Sabraw arremetió contra el Gobierno por su falta de preparación y coordinación.

“Había tres agencias, y cada una operaba su propia chimenea. Cada una tenía su propio jefe, y no se comunicaban”, dijo Sabraw en una audiencia de la Corte el viernes en San Diego. “Lo que se perdió en el proceso fue la familia. Los padres no sabían dónde estaban los niños, y los niños no sabían dónde estaban los padres. Y el Gobierno tampoco lo sabía".

El recuento periodístico de la implementación del plan de separación y desaparición súbita se basa en registros judiciales y entrevistas con más de 20 funcionarios de los gobiernos actual y anterior, defensores y contratistas, muchos de los cuales hablaron bajo la condición del anonimato para dar visiones francas y diagnosticar errores.

Los funcionarios de Trump han insistido en que no hicieron nada extraordinario, y simplemente aplicaron la ley. La administración vio las separaciones como una poderosa herramienta para impedir los cruces fronterizos ilegales, y no anticipó la cruda reacción emocional de la separación de miles de familias para enjuiciar a los padres por cruzar ilegalmente la frontera.

La mayoría de esos padres fueron acusados de delitos menores y llevados a tribunales federales para juicios masivos, donde fueron sentenciados al tiempo que estuvieron encarcelados. Para entonces sus hijos ya estaban en refugios gubernamentales. El Gobierno no vio a las familias como un grupo diferenciado, ni ideó un plan especial para reunirlas, hasta que Sabraw les ordenó que lo hicieran.

Un resultado fue que más de 400 padres fueron deportados sin sus hijos. Muchos otros dicen que pasaron semanas sin poder hablar con sus hijos e hijas y, en docenas de casos, firmaron formularios renunciando a sus derechos para reclamar a sus descendientes sin entender lo que decían esas formas.

Los chaperones del Gobierno se esforzaron por cumplir con el cronograma de reunificación del juez y trasladaron a los niños de los refugios repartidos por todo el país a las cárceles de inmigración cerca de la frontera donde habían sido separados de sus padres semanas o meses antes.

Un abogado dijo el viernes que habían pasado 10 días desde que a su cliente le dijeron que se reuniría con su hija de 6 años. La detenida permaneció asegurada en Texas, y ni ella ni una trabajadora social de su hija, que esperaba en un refugio de Nueva York, pudieron obtener una explicación. “Vio a todas las otras madres salir de su dormitorio. Sólo quedan ella y otra”, dijo la abogada Eileen Blessinger.

En las presentaciones judiciales del jueves, el Gobierno dijo que había reunido a más de mil 800 niños con sus padres u otros tutores. Pero 711 niños permanecerían separados por ahora, porque sus padres habían sido deportados, tenían antecedentes penales o no habían sido autorizados para recuperar la custodia.

Al final, la decisión de Trump de ya no separar a las familias, seguida por la orden de reunificación de Sabraw, ha traído un retorno al status quo en la frontera, con cientos de adultos liberados de la custodia para esperar las audiencias de inmigración mientras viven con sus hijos en los Estados Unidos.

“Si eres realmente, realmente patéticamente débil, el país va a ser invadido por millones de personas. Y si eres fuerte, entonces no tienes corazón”, se quejó Trump antes de su orden ejecutiva del 20 de junio, calificándolo como “un dilema difícil”.

Altos funcionarios de la administración dijeron que hicieron esfuerzos para observar qué familias habían sido separadas y que creían que el sistema HHS ya existente habría permitido a los padres recuperar a sus hijos y abandonar el país al acordar la deportación voluntaria.

“Siempre hubo un intento de que ocurriera la reunificación. No estaba destinado a ser una condición permanente”, dijo un funcionario.

Sabraw, que fue designado como juez federal por el presidente George W. Bush, dijo que incluso una división a corto plazo era inaceptable.

“Es el acto de separación de un padre, particularmente con niños pequeños, lo que importa”, le dijo al Gobierno en los procedimientos judiciales.

Proyecto extremo

Cuando los cruces ilegales a lo largo de la frontera con México llegaron esta primavera a los niveles más altos desde que Trump asumió el cargo, el presidente se enfureció y les dijo a sus asesores: “Esto no puede suceder bajo mi supervisión”. Señaló como culpable a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Las unidades consistentes en al menos un padre y un hijo eran una parte creciente de las personas que se cruzaban, por lo general para entregarse y solicitar asilo, citando violencia relacionada con las drogas y amenazas de pandillas en América Central. Los oficiales de la Patrulla Fronteriza los llamaron “no-impactables”, lo que significa que los adultos sabían que si llegaban con niños probablemente los liberarían de la detención a la espera de una audiencia de inmigración que podría tardar meses o años.

Los agentes en el campo habían pedido durante mucho tiempo una forma de disuadir a quienes cruzaban la frontera, creyendo que algunos eran traficantes y que permitirles quedar impunes invitaría a más infractores. Para esta primavera, según el DHS, un cuarto de todos los que cruzan la frontera ilegalmente eran grupos familiares.

“Realmente sentimos que esto era algo que teníamos que hacer”, dijo un alto funcionario del DHS. “Hacer cumplir la ley por las razones correctas no es una mala decisión”.

De repente, una idea que el gobierno de Obama consideró demasiado extrema volvió a entrar en juego, impulsada por partidarios poderosos, como el fiscal general Jeff Sessions, el asesor de política Trump Stephen Miller y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John F. Kelly.

Pero también había altos funcionarios en DHS y otras agencias que advirtieron que podría ir desastrosamente mal.

“Algunos de nosotros pensamos que no sería una buena política. No porque no fuera eficaz, sino porque no refleja los valores estadounidenses, y porque generaría un gran retroceso”, dijo James Nealon, ex asesor de política internacional en DHS que renunció en febrero.

Anteriormente, el Gobierno había separado a los padres sobre una base más limitada, como cuando se sospechaba la trata de personas o si la relación con el niño estaba en duda.

El año pasado, sin un anuncio público, la administración puso a prueba un sistema de separación masiva en el área de El Paso. Cuando los cruces ilegales saltaron esta primavera, Trump lo convirtió en política general para toda la frontera.

A medida que el sistema aumentó, miles de niños fueron canalizados a refugios supervisados por el HHS, tantos que la agencia tuvo que establecer un campamento de campaña en las afueras de El Paso y planear otros en bases militares.

“Creo que ICE y CBP hubieran preferido un plan más gradual, comenzando en ciertos lugares o con grupos específicos”, dijo Stewart Verdery, secretario de seguridad interna adjunto de Bush, refiriéndose a Aduanas y Protección Fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas . “Algo que podría hacerse de forma cruzada, para que pueda saber exactamente dónde estaban las personas físicamente y con respecto al estado de litigio".

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