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Padres frenéticos abarrotan cortes en la frontera

Michael E. Miller/The Washington Post | Miércoles 13 Junio 2018 | 00:01:00 hrs

Agencias | Niños inmigrantes lloran al ser detenidos al intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos

Agencias | Niños inmigrantes lloran al ser detenidos al intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos

McAllen, Texas — Las palabras “todos de pie” aún resonaban en la luminosa corte en el sur de Texas la semana pasada cuando Peter Ormsby se acomodó indecorosamente en su asiento.

“Buenos días”, dijo el juez de paz de 62 años a manera que la corte se llenaba con el tintineo de los grilletes de los acusados al momento que estos volvían a tomar asiento. “Estamos aquí para atender un número de casos de delito en los que se sostiene que los acusados violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos”.

Sentados frente a Ormsby estaban 71 desaliñados inmigrantes que fueron capturados cruzando el Rio Grande. El número de acusados se ha disparado tras la implementación de las severas medidas del presidente Donald Trump contra la nueva oleada de inmigrantes ilegales. Pero la masiva audiencia no fue tan notoria por su tamaño, sino por aquellos incluidos entre los acusados: padres de familia.

Por primera vez, las cortes federales por todo el suroeste de Estados Unidos están siendo invadidas con madres desconsoladas y padres que han sido acusados del delito menor de entrada ilegal al país y han quedado separados de sus hijos —un cambio en la política de la administración como manera para detener a las familias de que intenten llegar a Estados Unidos, pero descrito por sus críticos como una experiencia traumática e inhumana. El mes pasado un padre hondureño que fue separado de su esposa y de su hijo de tres años se quitó la vida en una cárcel del Texas, según reportó el Washington Post el sábado.

Tan sólo en McAllen, 415 menores han sido separados de sus padres entre el 21 de mayo y el 5 de junio, de acuerdo con defensores federales públicos.

Ahora, en la mañana del 6 de junio, otros 14 padres de familia de Centroamérica enfrentaban una agonizante decisión con inciertas consecuencias. Podían declararse culpables con la esperanza de acelerar el proceso y poder reunirse con sus hijos, pero con ello pondrían el riesgo sus oportunidades de recibir el asilo político en Estados Unidos. O podrían declararse inocentes e irse a un juicio, un proceso que podría tomar días o semanas y prolongar el periodo de separación de sus hijos.

A siete millas de México, en medio de la maleza del desierto, en el hogar de las más ajetreadas rutas de contrabando en la frontera, la corte federal en la Torre Bentsen se ha convertido en uno de los angustiosos epicentros de la separación de las familias.

El miércoles por la mañana, la evidencia de ello fueron las lágrimas en los rostros de aquellos padres de familia. Muchos de ellos se aferraban a unos volantes con un número telefónico al que podían llamara para intentar localizar y recuperar a sus hijos de los abarrotados refugios federales donde están siendo albergados.

A manera que Allison Moody, una abogada y asistente especial federal, leía los cargos en contra de los inmigrantes, estos se pusieron de pie, uno por uno, frente al juez de paz para presentar su declaración.

“Culpable”, dijeron, una y otra vez. Para las 10:30, la corte llevaba 56 declaraciones de culpable.

Pero cuando llegaron al número 57, Diego Nicolás Gaspar titubeó.

El guatemalteco, quien venía huyendo de la violencia y la pobreza en su país, cruzó el Rio Grande en una balsa un día antes junto con su hijo, sólo para que agentes de la Patrulla Fronteriza le quitaran al niño de 11 años. Ahora temía que si se declaraba culpable, sería deportado sin su hijo.

“No culpable”, dijo con incertidumbre.

Mientras que Ormsby se preparaba para determinar una fecha para el juicio la semana entrante, la abogada de inmigración intercedió.

“Su señoría, él fue separado de su hijo”, dijo la defensora pública federal Azalea Alemán-Bendiks. “Nosotros preferiríamos de que él no continuara bajo custodia debido a que viaja con su hijo de 11 años. Fue separado de él y si no regresa hoy, las probabilidades de que pueda reunirse con él disminuirán”.

Mientras ella consultaba con Nicolás Gaspar, quien aún vestía los mismos tenis enlodados y la camisa manchada que vestía cuando fue detenido, el inmigrante, de casi 30 años, comenzó a sollozar. Ella le dijo que la mejor oportunidad que él tenía de volver a ver a su hijo era que debía declararse culpable.

“Culpable”, dijo entonces al juez, cuando la audiencia fue reanudada minutos después. “Culpable. Culpable”.

Cuando llegó la hora de dictar sentencia, Alemán-Bendiks se aseguró de contar las historias de los 14 acusados que habían sido separados de sus hijos.

Esta es una tragedia que está pasando frente a nosotros en esta corte”, ella le dijo a Ormsby.

Ormsby, quien ha sentenciado a miles de migrantes por cruzar la frontera de manera ilegal durante sus dos décadas como juez de paz, amablemente le dio las gracias por la “apasionada” declaración. Luego se dirigió a los padres de familia.

“Confío y espero que serán reunidos con sus familiares”, les dijo. “Pero también espero que ustedes entiendan de que la razón de esta separación es que ustedes violaron las leyes aquí en Estados Unidos”.

Para el final del día él había sentenciado a más de 100 personas, incluyendo a 28 padres de familia. La mayoría recibirían la menos severa sanción posible —tiempo cumplido— antes de que fueran entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El frenético ritmo con el que se realizaron estos procesamientos no fue ningún accidente. Luego que Moody emergió de la corte en la tarde, ella y su colega se saludaron.

“Te dije que terminaría para las 3:20”, dijo la fiscal, mirando su reloj para ver que sólo se había retrasado por unos nueve minutos.

Alemán-Bendiks había arribado a la corte poco después del amanecer. Después de preparase por una hora en una oficina decorada con sus diplomas de la Universidad Rice y del Colegio de derecho de Harvard, la defensora pública de 52 años se dirigió a la corte en la planta alta, donde el aire olía a sudor y los 71 inmigrantes ya ocupaban sus asientos. Ella los iba a representar a todos.

“¿Cuántos de ustedes viajaban con niños?” ella preguntó en español. Más de una docena levantaron la mano.

“¿Cómo fue que los separaron?” le preguntó a una mujer de Guatemala cuya hija de ocho años le fue arrebatada.

“¿Cuánto hace que la vio por última vez?” le preguntó a una hondureña que fue separada de su niña de seis años.

“¿Simplemente se las llevaron?” le preguntó a una salvadoreña cuyas dos hijas habían desaparecido.

Esto es lo que la política de cero-tolerancia de Trump significa para Alemán-Bendiks y para las veintenas de defensores federales públicos a lo largo de la frontera.

Funcionarios de la administración habían estado hablando sobre la idea de separar a los padres de sus hijos por más de un año cuando el procurador general Jeff Sessions la hizo oficial.

“Si usted trafica con un menor, entonces será procesado, y el menor será separado de usted”, según advirtió el 7 de mayo. “Si usted no quiere ser separado de su hijo, entonces no cruce con él por la frontera de manera ilegal”.

Moody se negó a hablar de su trabajo al tener que procesar a padres de familia por entrar al país de manera ilegal en McAllen. Una vocera del Distrito Sur de Texas del Departamento de Justicia dijo que su oficina no podía decir cuántos padres de familia han sido separados de sus hijos debido a la medida de cero-tolerancia.



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