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Ven éxodo como la salida de 'un agujero socioeconómico'

Luis Pablo Hernández
El Diario de El Paso | Sábado 12 Mayo 2018 | 00:01:00 hrs

Luis Pablo Hernández/El Diario de El Paso / Al fondo, los panelistas Karla Rivas, de Radio Progreso; Ismael ‘Padre Melo’ Moreno y Ruben García, director de Casa Anunciación

Luis Pablo Hernández/El Diario de El Paso / Al fondo, los panelistas Karla Rivas, de Radio Progreso; Ismael ‘Padre Melo’ Moreno y Ruben García, director de Casa Anunciación

onforme la región fronteriza observa un incremento en el desplazamiento de familias migrantes de Centroamérica, organizaciones como Casa Anunciación buscan esclarecer algunos de los factores que influyen en la emigración forzada y las vidas que son afectadas directamente por políticas federales draconianas.

El panel compuesto por el padre jesuita Ismael ‘Melo’ Moreno y la periodista Karla Rivas Sánchez, de la emisora hondureña Radio Progreso, junto con expertos en leyes migratorias, analizó las realidades que viven estas comunidades al momento de verse obligadas a escapar sus países de origen, ya sea por razones de inestabilidad económica, inseguridad social o despojo patrimonial.      

“Ante todo quiero decirles que los flujos migratorios que ocurren de Honduras y otras regiones de Centroamérica… en lugar de disminuir con las políticas de contención o el endurecimiento de la legislación en los Estados Unidos, van a aumentar”, dijo el padre Melo, “yo lo digo de una manera tajante, es imposible que se detenga la migración forzada debido a las condiciones que se viven en estos países”.

Más allá de la narrativa de que el migrante centroamericano se encuentra huyendo de la violencia de pandillas “transnacionales” como la MS-13, Melo enlistó una serie de elementos que influyen en el detrimento de su país, como los son el intervencionismo de compañías multinacionales, entre ellas industrias norteamericanas, que explotan los recursos minerales de países como Honduras, la creciente militarización de la seguridad pública y privatización de bienes comunales y los efectos del neoliberalismo y la caída del sector agrario como fuente de trabajo para miles de familias centroamericanas.

“Tenemos que demandar que se atienda el asunto de los derechos humanos… redefinir las prioridades de inversión y no se basen en las industrias extractivas, lo que ocasiona un abandono del campo y el deterioro de la seguridad interna; debemos retomar el Estado de Derecho, ayudará a que las poblaciones juveniles no tengan que migrar a los Estados Unidos”, comentó.

Por su parte, Rivas habló en detalle sobre las barreras que existen en cuanto a la migración de familias que, al vivir una situación de pobreza extrema o desplazamiento forzado, se ven expuestas a limitantes que no sólo existen al momento de cruzar a los Estados Unidos, sino en su mismo país.

“México también es una frontera para la población migrante porque obedece las políticas de Estados Unidos. Pero también nuestros propios países tienen una responsabilidad. En Guatemala, a fuerzas de tareas conjuntas que son militares a cargo de la frontera entre aquel país y Honduras, hay una militarización de las fronteras [en Centroamérica]”, explicó Rivas.

Los militares en Honduras se han tomado la tarea de desalentar la migración de los ciudadanos hondureños o de otras regiones del centro del continente, siendo que estos ciudadanos se han visto forzados a salir de sus comunidades por intereses corporativos, como la explotación natural y el ecoturismo que los roba de sus tierras.  

“Estamos viviendo una situación en la región noratlántica de nuestro país, donde han aumentado las concesiones de los ríos y frente a eso la resistencia de las comunidades [rurales] y se utiliza la fuerza bruta de la Policía para sacar a la gente”, contó.

Ante estas realidades, el éxodo masivo de centroamericanos diverge de lo que es el romantizado cuento de perseguir el “sueño americano” y se precisa más como la necesidad de salir de un agujero socioeconómico, consideró.

Muros tangibles y políticos

Una vez tomada la colosal decisión de abandonar su país de nacimiento, estas familias enfrentan peligros inconcebibles para aquellos legisladores y figuras políticas que hablan de ellos como si sólo fuesen una promesa de campaña.

Una vez en la frontera norte, con lo poco que pudieron traer consigo, enfrentan una barrera física y burocrática. Procesos de miedo creíble, presentación de evidencias, desdén por parte de agentes migratorios que en ocasiones no acatan las leyes como dicta su profesión...

Eduardo Beckett, abogado migratorio en El Paso, considera que estos desplazamientos masivos como la “caravana” que llegó al cruce fronterizo de San Ysidro, límite entre Tijuana y San Diego, son descalificados como un intento de capitalizar la ‘abundancia’ de recursos del país y no como un caso válido de buscar protección internacional.

“Lo que estamos viendo en el cruce internacional de California es que la gente que está buscando asilo están siendo tratados como criminales. El Gobierno ha tomado la postura de invalidar cada caso de asilo y catalogarlo como un ‘refugiado económico’. Pero la ley dice que cuando llega al cruce internacional tienen el derecho de pedir asilo y ser entrevistados para determinar en qué peligro se encuentran”, añadió el abogado. 

Señala que se ha visto un endurecimiento en el recibimiento de migrantes por parte de autoridades migratorias desde el comienzo de la administración del presidente Trump.

Este hecho fue consolidado con la reciente directiva del fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, quien presume medidas más fuertes para buscar disuadir la inmigración en masa, entre ellas la separación familiar.

“Lo que hemos visto es un enjuiciamiento criminal de madres y padres que están cruzando con sus hijos, lo que ocasiona una separación de familias. Nosotros hemos estado alertando a todos que se ha implementado esta práctica en El Paso y siempre nos decían los voceros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ellos no hacen eso”, detalló Taylor Levy, coordinadora legal de Casa Anunciación.

Pero finalmente este lunes pasado, DHS admitió mediante un memorándum que existía un programa piloto en El Paso, desde julio hasta noviembre del 2017, en donde separaban a las familias como parte de una medida para disuadir la migración hacia el país.

“Aquí en El Paso, más del 95 por ciento de las familias migrantes no cuenta con representación legal, tenemos madres y padres a quienes les han quitado sus hijos y fueron mandados al cuidado temporal en diferentes partes del país, mientras que los padres quedan durante varios meses en centros de detención”, concluyó.

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