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Son inmigrantes en Texas más susceptibles a deportación

Julián Aguilar y Darla Cameron/ The Texas Tribune | Sábado 14 Abril 2018 | 00:01:00 hrs

Agencias / La política migratoria de Washington ha incrementado los arrestos.

Agencias / La política migratoria de Washington ha incrementado los arrestos.

Austin – A medida que la Casa Blanca continúa ampliando las deportaciones y promoviendo medidas para frenar la inmigración ilegal, muchos inmigrantes de Texas se ven obligados a navegar el sistema de inmigración sin la ayuda de un abogado.

Desde octubre de 2000 hasta febrero de 2018, menos del 30 por ciento – 213 mil 197 de 733 mil 125 - de inmigrantes en proceso de deportación en Texas tenían representación, según el reporte de AccessTransactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

Ese índice es uno de los más bajos del país, solo detrás de Arizona y Luisiana entre los estados con más casos de deportación.

Casi el 70 por ciento de los casos de Texas durante el período de tiempo estudiado terminó con una orden de expulsión. En comparación, el 74 por ciento de los acusados en Nueva York tenía un abogado y solo el 27 por ciento recibió una orden de deportación.

Debido a que las violaciones a la inmigración son en gran parte de naturaleza civil, a los inmigrantes indocumentados en los procedimientos de deportación no se les garantiza el derecho a un abogado. Eso también incluye inmigrantes que se entregan a las autoridades y buscan asilo.

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Los abogados y defensores de los inmigrantes dicen que la falta de representación multiplica las posibilidades de que una persona sea deportada, y dijeron que los mandatos recientes de la administración Trump tienen la garantía de agilizar la eliminación de aún más inmigrantes indocumentados.

Los abogados dicen que eso se debe a que la mayoría de los inmigrantes no pueden pagar un abogado, lo que los deja navegar por el complicado sistema por su cuenta. También se transfieren a menudo de una instalación a otra, dependiendo de dónde el gobierno considere que hay más espacio disponible en un centro de detención.

Según un estudio de  TRAC en 2016, más del 80 por ciento de los menores no acompañados que ingresaron al país entre 2012 y 2014 y que no tenían representación fueron deportados.

"Tan malo como es, hacer todo esto asegura que va a subir", dijo Jackie Watson, una abogada de inmigración con sede en Austin.

El último cambio radical de la administración Trump se produjo el martes, cuando la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, una rama del Departamento de Justicia de los EU, Anunció que pondría fin al popular Programa de Orientación Legal. Ese programa proporciona a los inmigrantes detenidos información sobre el sistema judicial de inmigración y los ayuda a obtener servicios pro bono.

El programa, administrado por el Vera Institute of Justice, opera en centros de detención en todo el país, incluido Texas. Se suspende para que el gobierno federal pueda realizar "revisiones de eficiencia de sus operaciones", informó The Washington Post.

Watson dijo que incluso si el programa no proporcionaba a todos los detenidos un abogado, proporcionaba información vital a una persona que estaba a punto de navegar por el complejo sistema de inmigración. También fue un campo de entrenamiento vital para abogados cuyas prácticas exclusivas se convirtieron en leyes de inmigración.

"Incluso si la persona finalmente no obtiene un abogado pro bono a través de estas organizaciones, al menos ahora saben cómo va a funcionar el proceso", dijo. "(El programa) es cómo empecé".

Sin la asistencia, la responsabilidad recaerá en los abogados de inmigración para que tomen más casos de forma gratuita, una tarea desalentadora.

Alicia Pérez, abogada con sede en San Antonio, dijo que a cada abogado le gustaría hacer más trabajo pro bono. Pero incluso un caso de asilo de rutina implica al menos cuatro audiencias y horas de preparación antes de cada uno.

"Si gasto todas estas horas trabajando gratis, entonces no puedo pagar mis cuentas", dijo Pérez. "Pro bono es un lujo y mucha gente no puede pagarlo".

Watson y Pérez dijeron que dos mandatos separados de inmigración la semana pasada van a erosionar aún más el debido proceso en el sistema de inmigración del país.

El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que los jueces deben cerrar al menos 700 casos por año para recibir una calificación de desempeño laboral satisfactorio.

En Las Cruces, Nuevo México, el miércoles, Sessions dijo que el objetivo era alcanzable.

"He dejado en claro a estos jueces que esperamos que completen los casos de manera rápida y eficiente. No para ponerlos en espera, sino para completarlos ", dijo a una reunión de sheriffs fronterizos, de acuerdo con comentarios preparados. "Esta no es una meta radical, sino una política racional para garantizar la coherencia, la responsabilidad y la eficiencia de nuestro sistema judicial de inmigración".

Los críticos del requisito dijeron que las decisiones de inmigración no se pueden llevar a cabo en una cadena de montaje y que las decisiones aceleradas conducirían a más apelaciones, lo que en realidad alargaría el tiempo que lleva resolver un caso.

También la semana pasada, Sessions anunció una política de "tolerancia cero" para las personas que cruzan o intentan cruzar la frontera ilegalmente. La directiva instruye a todos los fiscales federales en la frontera suroeste a enjuiciar a todas las referencias del Departamento de Seguridad Nacional por presuntas violaciones de las leyes federales de inmigración con entrada ilegal.

Eso sucedió el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó el fin de lo que criticaron como políticas de "captura y liberación", en las cuales los inmigrantes indocumentados son liberados mientras esperan ser procesados en un tribunal de inmigración.

"Es hora de empoderar a las autoridades federales al proporcionarles la autoridad legal y los recursos que necesitan para hacer cumplir de manera efectiva las leyes de inmigración de nuestra nación", señala un memorando de la Casa Blanca sobre "captura y liberación". "De lo contrario, la afluencia de extranjeros ilegales en los Estados Unidos solo continuará".

Jeremy McKinney, el secretario de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que las medidas combinadas conducirían a más litigios, no menos.

"Cuantas más personas sean detenidas, más recursos tendrán que asignarse para adjudicar esos casos", dijo. "La mayoría de los tribunales de apelación en este país acuerdan que la detención prolongada presenta inquietudes constitucionales. Incluso ahora, puede llevar de 6 a 12 meses completar un caso detenido. Esto empeorará, creando más litigios".

Watson fue más directo. "No tiene ningún sentido para mí, este es un plan estratégico de mierda del Departamento de Justicia", dijo. (Julián Aguilar y Darla Cameron/ The Texas Tribune)

 

 



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