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Analizan negar residencia a quienes piden ayudas

Juliana Henao
El Diario de El Paso | Sábado 10 Febrero 2018 | 00:01:00 hrs

Internet / Una residente muestra su identificación

Internet / Una residente muestra su identificación

Las intenciones de la administración de Donald Trump de restringir el acceso de inmigrantes a la residencia o ‘green card’ si ellos o sus hijos reciben ciertos beneficios públicos, incluyendo algunas formas de Medicaid o Head Start, han prendido una alerta roja entre la comunidad inmigrante.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propuesto nuevas normas que permitirían a los funcionarios de Inmigración examinar detenidamente el uso potencial por parte de inmigrantes de ciertos beneficios públicos financiados por los contribuyentes para determinar si dichos solicitantes han de convertirse en una carga pública.

La nueva propuesta incluiría además de Medicaid, el Programa de Seguro de Salud para Niños, ‘estampillas para’ alimentos, atención médica subsidiada bajo Obamacare y programas educativos de Head Start como factores que podrían ir en contra de la solicitud de un inmigrante para estar en el país. Algunas formas de asistencia pública aún estarían exentas, como el alivio de emergencia o los programas de almuerzos escolares.

Derechohumanistas y funcionarios locales se mostraron preocupados de que los cambios propuestos inclinen a los inmigrantes a no hacer uso de programas de ayudas sociales, a los que tienen derecho para mantenerse saludables y aptos para trabajar, ante el miedo de afectar su proceso de residencia.

Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) en El Paso, dijo que esta iniciativa es un ataque no sólo a los inmigrantes sino a millones de familias donde los más afectados serán los hijos de inmigrantes nacidos en el país.

“Con esta nueva medida están castigando a niños estadounidenses que tienen todo el derecho a recibir recursos básicos de alimentación, vivienda, educación y salud. No son los padres quienes se benefician de estos programas, son sus hijos”, dijo García.

“El Gobierno no sólo perjudica a niños estadounidenses de padres inmigrantes que ahora tendrán temor de aplicar a programas de ayuda sino que va directo contra la unión de la familia”, agregó.

Dylan Corbett, director del Hope Border Institute en El Paso, declaró indignado que con esta medida el Gobierno “convertirá en rehenes a niños inocentes en una guerra migratoria”.

“En El Paso contamos con más de 60 mil residentes indocumentados y cientos de inmigrantes más que califican para la residencia tienen niños estadounidenses que cuentan con el derecho de beneficiarse de los programas que ofrece el Gobierno para su bienestar”, dijo Corbett.

“Esta medida es inaceptable, es perversa e inmoral. Ahora muchos padres dejarán de aplicar a las ayudas que sus hijos necesitan poniéndolos en una posición de riesgo”.

Corbett considera que la medida es una afrenta a los valores estadounidenses y una amenaza para la salud pública y la movilidad social de muchas comunidades.

La medida de DHS trataría una aplicación mucho más amplia de la que se lleva a cabo ahora y que está en los reglamentos desde 1999, en base a una ley que se aprobó a mediados de los años 90, y que prohíbe a un residente legal volverse una “carga pública”.

“Desde que esa ley se aprobó en los años 90, los reglamentos y tribunales han interpretado como ‘carga pública’ a aquellos inmigrantes que dependen casi totalmente de beneficios públicos durante los primeros cinco años de su residencia”, dijo la abogada de inmigración Patricia Saldaña.

“Los no ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y dependen del Gobierno de Estados Unidos y las entidades estatales y locales para obtener recursos en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas”, señala el documento de DHS.

Por ejemplo, los agentes migratorios podrían mirar si el solicitante de una ‘green card’ ha inscrito a un niño en los programas de preescolares públicos o subsidios para facturas de servicios públicos o las primas de seguro médico recibido.

“La recepción por un extranjero de las prestaciones públicas viene a expensas del contribuyente y la disponibilidad de los beneficios públicos puede proporcionar un incentivo para los extranjeros que emigran a los Estados Unidos”, añade el informe.

Las normas no se aplicarían a los residentes permanentes que solicitan la ciudadanía, pero se aplicarían a las personas que viven o trabajan en los Estados Unidos, incluyendo a los miembros cercanos de la familia de ciudadanos de Estados Unidos y de los trabajadores empleados por las empresas estadounidenses.

El proyecto aún no ha sido aprobado por la alta dirección, pero de aplicarse se alejaría de la política actual que prohíbe que los agentes migratorios tomen en cuenta esta información para determinar si un inmigrante está calificado para obtener su tarjeta de residencia permanente.

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