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Apelan fallo que prohíbe licencias a centros de detención

Associated Press | Martes 06 Diciembre 2016 | 00:01:00 hrs

Dallas, Texas — Ayer el procurador general de Texas apeló el fallo de una juez que impide a funcionarios estatales emitir licencias para guarderías a dos centros federales de detenciones situados en el sur del estado donde permanecen arraigadas familias que han ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

La dependencia encabezada por el procurador general Ken Paxton presentó la apelación en un intento por lograr que el Departamento de Servicios Familiares y de Protección diera licencia como centros residenciales de atención infantil a las instalaciones. Las licencias son necesarias debido que el año pasado un juez federal determinó que, de no conseguirlas, los centros tendrían que dejar eventualmente libres a los menores inmigrantes.

El viernes la juez estatal de distrito Karin Crump determinó que la dependencia no puede emitir las licencias. En el fallo de Crump no se explicaba la decisión, pero la funcionaria había prohibido anteriormente le entrega de licencias, determinando en cierto momento que la instancia estatal había dado indebidamente celeridad a cambios destinados a crear una vía para que los centros obtuvieran las licencias.

Uno de los centros se localiza en Dilley, aproximadamente 70 millas al surponiente de San Antonio; el otro está en Karnes City, como 50 millas al sureste de San Antonio.

Ayer la procuraduría general no contestó la llamada en la cual la Ap solicitaba que se explicara la apelación. Este año la dependencia argumentó que las licencias estatales mejoran la seguridad debido a que exigen que las instalaciones se sometan a inspecciones sorpresivas y a requisitos de revisión de antecedentes. Cuando el gobierno estatal revisó el centro de Karnes se despidió a cinco trabajadores por problemas en sus currículums, de acuerdo con la instancia.

En el 2004 los dos centros familiares de detención abrieron sus puertas en respuesta al arribo de decenas de miles de madres y menores centroamericanos procedentes de América Central.

La licencia para el centro de Karnes City se dio al aumentar a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos 78 por ciento las aprehensiones de menores inmigrantes solos entre el 1º de octubre del 2015 y el 31 de marzo respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el número de aprehensiones subieron a más del doble.

Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos contrata a dos empresas particulares para que operen los centros de detenciones.

La demanda que dio paso al fallo de Crump fue presentada por el grupo activista con sede en Austin Liderazgo de las Bases, el cual sostiene que los centros constituyen prisiones que resultan inadecuadas para la detención de familias y que a efecto de darles licencia se han suavizado estándares mínimos.

Ayer el director del grupo, Bob Libal, señaló que la medida forma parte de esfuerzos legales más amplios destinados a que los funcionarios federales acaten el convenio que desde hace largo tiempo establece que los menores y sus familias sólo sean retenidos por un lapso breve de tiempo antes de ser dejados con familiares, amigos u otras personas mientras se deciden sus casos.

“Sigue acumulándose evidencia de que la detención no sólo es inmoral sino también ilegal”, dijo Libal.

El ICE está revisando el fallo, informó mediante comunicado el vocero Carl Rusnok.


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