miércoles 17, septiembre, 2014 | hrs

Desata controversia plan de fusionar oficinas de Housing


Karla Guevara Walton
El Diario de El Paso | Lunes 11 Marzo 2013 | 00:04 hrs
Una propuesta de ley pretende fusionar la Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad (El Paso Housing Authority) con la del Condado, lo que ha despertado apoyo y también oposición.

Quienes están a favor de la consolidación, aseguran que permitirá expandir los servicios y construir más vivienda pública en el futuro, pero algunos empleados y residentes del Condado temen quedarse sin empleo y en el futuro sin hogar.

La iniciativa fue introducida la semana pasada en ambas cámaras de la Legislatura texana: en la Baja por la representante Naomi González y en el Senado por José Rodríguez.

De ser aprobada, la Autoridad de Vivienda Pública del Condado sería absorbida por la de la Ciudad, siempre y cuando el Cabildo paseño y la Corte de Comisionados lo autoricen.

“Yo no puedo caminar, para pagar la renta, sólo me subo a mi silla de ruedas y me queda a tres minutos; si se mudan a la El Paso ¿quién me va a llevar hasta allá?”, dijo José Valderrama, quien vive en Fabens.

El entrevistado forma parte de las más de 200 familias que reciben vivienda pública de la entidad especializada del Condado, cuyas su oficinas están ubicadas en el 650 noreste de la calle G, en Fabens a 40 minutos de la Ciudad de El Paso.

“Ahora recibimos muy buenos servicios, si reportamos que se rompió una tubería vienen y la arreglan en menos de un hora, allá en la Ciudad se tardan hasta un mes, todos tenemos mucho miedo qué va a pasar con nosotros si las juntan”, agregó Valderrama.

Gerald Cichon director de El Paso Housing Authority (HACEP) asegura que con la fusión los residentes del Condado recibirán servicios a los que ahora no tienen acceso como programas de nutrición, inglés como segundo idioma, entre otros.

“Si una persona está deshabilitada  y el Condado no tienen unidades para personas discapacitadas ahora se tienen que esperar, con la fusión ellos podrían usar nuestras unidades y si tienen familia en la Ciudad podríamos moverlos para acá para que estén más cerca de ellos”, dijo.

HACEP cuenta con seis mil 300 unidades de vivienda pública en la Ciudad y un equipo de especialistas en residentes los cuales afirman podrían enviar a las unidades del  Condado para que la gente no tenga que manejar hasta acá.

Pero para el director de la Autoridad de Vivienda Pública  del Condado, Mike Terrazas, hay otra razón por la que se oponen a la consolidación. 

“Si la fusión se realiza a todos los empleados nos van a poner en un periodo de prueba por 90 días, nada garantiza que en este lapso nos despidan sin derecho a desempleo”, dijo Terrazas.

HACEP afirma que el periodo de prueba es una política por la que pasan todos sus trabajadores y que actualmente tiene 19 vacantes disponibles por lo que podrían acomodar a los trece empleados del Condado.

“Nuestra paga es mejor, los beneficios que damos son mejores, tendrían pensión que es algo con lo que ahora no cuentan,  las oportunidades para que sean promovidos con nosotros son más altas”, dijo Cichon.

Recientemente el comisionado Carlos León  y personal de HACEP se reunieron con empleados y residentes del Condado en una junta pública que organizó la diputada estatal Mary González. Ahí León recomendó deshacerse del periodo de prueba. 

“El tesoro más grande del Condado son sus empleados, podemos tener el edificio más bonito pero sin buenos trabajadores es inútil’, dijo

Pero tanto León como el comisionado Vincent Pérez, quien representa el área, afirmaron que tienen que explorar si la fusión permitiría que más residentes del Condado tuvieran vivienda pública.

Pérez no pudo asistir a la primera junta pública debido a que fue notificado de última hora y ya tenía  compromisos previos, pero llevará a cabo otra reunión el 24 de marzo; la diputada Naomi González, expresó que planea asistir.

Cichon afirma que la consolidación también es beneficiosa para ellos ya que tendrían acceso a terrenos para poder seguir construyendo vivienda pública.

“Ahora tenemos mil 700 unidades en el Segundo Barrio y Chamizal, no tiene sentido poner a tanta gente humilde en una área tan pequeña, tenemos que examinar cómo estamos ofreciendo vivienda pública y para hacerlo necesitamos tierra”, dijo. 

Cichon asegura que con el ‘secuestro fiscal’ a la puerta de la esquina la consolidación asegura que la comunidad pueda seguir contando con vivienda pública ya que la reducción de fondos federales se prevé sea severa.

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