El Diario de Juárez
2018-04-24
La administración de Donald Trump se esfuerza por concluir durante las próximas dos semanas las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y está contemplando tácticas implacables a fin de que el Congreso apruebe un acuerdo nuevo.
El presidente Donald Trump ha dado en repetidas ocasiones indicios de su disposición a retirarse por completo del TLCAN si no logra una renegociación que considere más favorable para los trabajadores estadounidenses.
Pero algunos legisladores —sobre todo republicanos— se dicen preparados para resistir dicho enfoque en caso de ser necesario.
“Les he hecho saber de manera muy poco ambigua que se trataría de una estrategia muy mala por parte de la administración”, dijo el senador Pat Toomey, quien ha estado hablando con funcionarios de la Casa Blanca.
Los legisladores tienen autoridad constitucional en los aranceles así como las herramientas y la influencia para promover su propia agenda y posponer o frustrar políticas del Ejecutivo que no deseen.
El representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer se reunió el viernes a puerta cerrada con funcionarios canadienses y mexicanos de alto nivel, quienes señalaron que el martes sesionarían nuevamente como parte de la ronda de intensas negociaciones, mientras que durante el fin de semana siguieron trabajando funcionarios de menor rango.
Se desconoce si la presión de la administración Trump funcione con el Congreso. Para empezar, algunos expertos legales no están de acuerdo respecto a si Trump pueda retirarse por completo del TLCAN, lo cual constituye la base de su poder de negociación con el Congreso. Los presidentes “pueden notificar, pero no pueden retirarse sin que actúe el Congreso”, dijo Toomey.
La prisa del Ejecutivo en torno al TLCAN está preocupando a los legisladores federales de ambos partidos. A los republicanos les inquieta que Lighthizer dé mayor prioridad a las propuestas de “Estados Unidos primero”, que son muy poco populares entre las empresas internacionales, por encima de temas más cercanos a las compañías de sus estados.
Del lado demócrata, los legisladores y sus partidarios sindicalistas están de acuerdo con el enfoque comercial de la administración Trump, pero a algunos les preocupa que Lighthizer dé marcha atrás a dichas prioridades a fin de obtener un acuerdo rápido.
La semana pasada 97 representantes demócratas dirigieron una misiva a Lighthizer con el propósito de exigir estándares laborales más altos en el TLCAN y las leyes mexicanas, cambio que los trabajadores estadounidenses esperan aumente los salarios al sur de la frontera y ponga freno al “outsourcing”.
Según una ley de 2015 conocida como “fast track”, Trump tiene derecho a un voto a favor o en contra de acuerdos comerciales —sin demoras de procedimiento ni reformas en el Congreso— siempre y cuando la administración acate las reglas establecidas al negociar y firmar un tratado.
Según el siguiente paso en el fast-track, también conocido como autoridad de promoción comercial, la administración notificaría con antelación de 90 días al Congreso su intención de firmar un convenio. Sesenta días antes de que los países firmen el acuerdo, tiene que publicarse el texto completo del tratado, de manera que no bastaría el “acuerdo en teoría”. Colaboradores están debatiendo la posibilidad de que la administración envíe muy pronto la notificación, de acuerdo con un empleado del Congreso.
Luego, una vez que el Congreso reciba por escrito la ley para implementar el nuevo TLCAN, dispondría de 90 días cuando los legisladores se encuentren sesionando a fin de votar a favor o en contra.