The New York Times
2018-01-09
Nueva York— La iniciativa tributaria que Trump convirtió en ley podría hacer que a las compañías les resultara atractivo establecer más líneas de montaje en el extranjero.
Lo que resultaría más peligroso para los trabajadores estadounidenses, opinan economistas, es que la propuesta termina dando facilidades fiscales a las empresas manufactureras con operaciones en el extranjero.
De acuerdo con las nuevas reglas, más allá de una tasa más baja, las compañías no tendrán que pagar gravámenes estadounidenses por el dinero que ganan con plantas o equipo localizado en otros países, si dichas utilidades ascienden a 10 por ciento o menos de la inversión total.
La visión republicana en el plan tributario era convertir a Estados Unidos en un sitio más competitivo para hacer negocios. Quienes lo apoyan sostienen que las reglas nuevas no alientan a las empresas a ubicarse en el extranjero. En vez de ello, dicen, reducir la tasa corporativa volverá más atractivo establecerse en el país, pues ahora en muchas otras economías avanzadas los impuestos son más altos.
Y las empresas de manufactura no siguen así como así los consejos de sus contadores. Toman en cuenta los impuestos, pero también consideran diversos factores, como el talento local y la red de transporte, al decidir dónde construir una planta nueva.
Antes de la reforma fiscal, las compañías tenían que pagar el gravamen corporativo estándar sobre sus ganancias en el extranjero, con una tasa máxima del 35 por ciento, pero sólo cuando regresaban esas utilidades a Estados Unidos.
Muchas corporaciones respondieron manteniendo indefinidamente en otros países sus ganancias. Hasta el 2015 se habían mantenido en cuentas en el extranjero la cifra récord de dos mil 600 millones de dólares, según el panel congresista Comité Conjunto sobre Impuestos. Los republicanos argumentaron que el sistema privaba a la economía estadounidense de inversiones.
Lo anterior significó asimismo que, en términos prácticos, numerosas multinacionales no pagaban en Estados Unidos impuestos por sus ganancias en otros países. El nuevo proyecto de ley, señalaron las personas que lo apoyaban, impediría que eso ocurriera a una escala tan grande.
“Se trata de un gran mejoría respecto a lo que había antes”, opinó Ray Beeman, abogado fiscal de Ernst & Young que trabajó en una propuesta de reforma fiscal previa cuando fue asesor del Comité de Recomendaciones Presupuestales del 2011 al 2014 durante gobiernos republicanos.
A fin de prevenir un éxodo de empresas estadounidenses, la ley establece una tasa tributaria mínima de 10.5 por ciento anual.
A las empresas se les tomará en cuenta hasta el 80 por ciento de los gravámenes pagados a gobiernos extranjeros. Pero si el total sigue ascendiendo a menos del 10.5 por ciento de sus percepciones en otros países, tienen que compensar la diferencia mediante cheque girado al Gobierno de Estados Unidos.
–Favorece nueva ley negocios fuera de Estados Unidos
En Indiana, Missouri y Pennsylvania, el presidente Trump recurrió a la promesa del retorno de empresas para vender la idea sobre la iniciativa de ley: con ella volverían los empleos a las poblaciones en dificultades. “Van a estar lloviendo fábricas en este país”, dijo Trump en noviembre a una multitud en St. Charles, Missouri.
“El recorte de impuestos significará que más empresas se trasladarán a Estados Unidos, se quedarán en Estados Unidos y aquí mismo contratarán trabajadores estadounidenses”.
Pero podría no ser así.
Según la nueva ley, los ingresos que las subsidiarias estadounidenses tengan en el extranjero tendrán que pagar en Estados Unidos impuestos equivalentes a la mitad de la tasa aplicada a sus percepciones en el país, 10.5 por ciento respecto a 21 por ciento.
“Es una especie de política fiscal que pone a Estados Unidos al último”, dijo Kimberly Clausing, economista de Reed College que estudia políticas tributarias. “Básicamente estamos diciendo que usted paga X si tiene ganancias en Estados Unidos, y que si tiene ganancias en el extranjero, paga X entre dos”.
Si bien ahora en la mayoría de los casos las compañías tendrán que pagar algo de impuestos, operen donde operen, sobre lo que ganen en el extranjero pagarán mucho menos que por sus ganancias en el país.
“Resulta indignante tener una tasa tan baja sobre ingresos extranjeros”, dijo Stephen E. Shay, maestro en la Facultad de Derecho de Harvard y exfuncionario del Departamento del Tesoro en los gobiernos de Reagan y Obama. “Crea incentivos terribles”.
Shay consideró que la nueva regla significará mucho para las pequeñas y medianas empresas, que son la vasta mayoría de las compañías en Estados Unidos. Dichas compañías, aseguró Shay, ahora no tienen razón alguna para resistir la tentación de trasladar al extranjero sus operaciones puesto que terminarían pagando la mitad de la tasa que actualmente pagarían en Estados Unidos.
Probablemente algunas empresas no quieran abandonar la comodidad del país a cambio de un recorte de impuestos. Las plantas son caras, además de que las compañías manufactureras tienden a elegir ubicaciones estables y accesibles desde donde se les facilite llega a sus clientes y contratar trabajadores calificados.
“A la mejor uno prefiere permanecer en Estados Unidos, con las protecciones de nuestro sistema legal, nuestra infraestructura y nuestra mano de obra”, señaló Steven M. Rosenthal, experto en el Centro sobre Políticas Fiscales, una institución apartidista.
Por otra parte, para los mayores fabricantes de automóviles y maquinaria, el tipo de empresas que Trum prometió regresar a Estados Unidos— podrían ser valiosos unos cuantos puntos porcentuales en ahorros tributarios.
“Existen muchos grandes mercados minoristas en este mundo”, dijo Rosenthal. “Quizá las nuevas reglas todavía animen a llevar empleos y fábricas a otros países”.