Abraham Rubio / El Diario
2018-01-02
Al llegar el 2018 entró en vigor la reforma fiscal de Estados Unidos, y ya empezó a presionar a la inversión extranjera, incluida la industria maquiladora, que es el pilar económico de esta frontera.
Fiscalistas y economistas explicaron que las nuevas reglas tributarias estadounidenses provocarán cambios en los costos de las transnacionales, impactos que tienen que ser analizados a lo largo del año por las empresas, para determinar la conveniencia de continuar con las operaciones en México.
La reforma fiscal contiene como principal cambio la reducción del impuesto corporativo de 35 a 21 por ciento —el equivalente al ISR de México—, un nuevo impuesto sobre los pagos que realiza a las maquiladoras ubicadas en este país llamado Base Erosion Anti-Abuse Tax (BEAT), y una mayor fiscalización.
Aunque la Unión Americana ahora tendrá un sistema fiscal territorial —en el que los dividendos de subsidiarias enviados a Estados Unidos no deberían ser gravables— la reforma trata de evitar que los contribuyentes mantengan sus utilidades en paraísos fiscales, a través de un posible impuesto llamado ‘Global intangible low-taxed income’ (GILTI).
El director de la firma Solo Negocios y presidente de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Juárez, Alejandro Sandoval Murillo, explicó que la industria comenzará a tomar decisiones de inversión con base en los impactos financieros a las operaciones de este año.
Dijo que es improbable la fuga inmediata de empresas, pero opinó que el impacto en la inversión (nueva o reinversión) comenzará a darse en los próximos meses o incluso dentro de un año, cuando se realice un corte anual de la información.
El fiscalista de cuentas corporativas de la firma PriceWaterhouseCoopers (PwC), Héctor Aguilar, señaló que la reforma fiscal estadounidense complicará las operaciones de las empresas manufactureras ubicadas aquí y en todo el país, principalmente por la carga tributaria. Además limitará el crecimiento de algunas subsidiarias.
Los especialistas afirmaron que los análisis tendrán el objetivo de comparar si los efectos financieros que presentarán con la nueva normatividad rebasan a los beneficios que tienen en territorio mexicano, como el costo de la mano de obra, beneficios fiscales del Programa IMMEX, así como aspectos logísticos.
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