Abraham Rubio
El Diario
En medio de un contexto de incompetencia generado por la fiscalización antilavado de las empresas de “outsourcing” y los procesos burocráticos que enfrentan las maquilas que utilizan los servicios, la cantidad de empleados subcontratados por la industria registró una caída del 16 por ciento en la tasa anual a marzo.
El último reporte del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) mostró un decrecimiento sostenido en la subcontratación durante los primeros tres meses del 2017, una reducción que dejó en 10.3 por ciento la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local.
Los datos anualizados al mes de marzo registraron una caída del 16 por ciento luego de pasar de un total de 33 mil 250 a 28 mil 035 trabajadores en 12 meses.
La agudización en el decrecimiento inició en noviembre, con una caída del 12 por ciento y alcanzó su punto máximo en enero de este año, con un 17 por ciento, un nivel de caídas que no se había visto desde el 2014.
Asimismo, la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local cayó hasta el 10.3 por ciento del total de 272 mil 221 empleados, un porcentaje igual de bajo que el registrado durante el mes de febrero del 2010.
El economista y director de Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, señaló que la vigilancia antilavado hacia las empresas de outsourcing –dispuesta en octubre del 2016– ha desincentivado la utilización del servicio, debido a que aumenta las obligaciones de quienes emplean mano de obra indirecta.
El 21 octubre de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la subcontratación se convirtió en una Actividad Vulnerable, por lo cual la maquiladoras ahora tiene que sujetarse a normas antilavado establecidas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Sandoval Murillo señaló que gracias a esto, ahora las firmas manufactureras tienen que contratar especialistas para hacer un reporte de la empresa que les ofrece el servicio y entregárselo a la UIF.
“Esa actitud de comprobación de documentos llega a un punto en el que la actividad termina siendo más cara de lo que realmente debía ser y por lo tanto ya no se da la viabilidad del outsourcing”, comentó.
La semana pasada empresas especializadas en dicho servicio se reunieron para pugnar por la reducción en la carga regulatoria existente, sin embargo, hasta el momento ninguna de las empresas ha declarado nada al respecto de su petición a las autoridades federales.
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