Abraham Rubio
El Diario
Las empresas deberán considerar si la contratación de empleados por tercerización (outsourcing) seguirá siendo factible ante la vigilancia implementada por el Gobierno Federal sobre estos prestadores de servicio de empleo, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez.
El presidente local de la organización, Jesús Andrade Sánchez Mejorada, señaló que éstos implicará costos a las empresas que podrían evitarse en algún punto al encargarse de las operaciones ellos mismos, debido a que las regulaciones exigen ahora la garantía de las prestaciones del trabajador y la realización de informes a los contratantes del servicio para evitar prácticas de lavado de dinero.
Este escenario, dijo, implica un análisis interno de las empresas para ver si es factible contratar personal ellos mismos y asumir las responsabilidades o continuar con las empresas de outsourcing y la nueva regulación.
El año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las empresas que utilizan la tercerización deberán pagar utilidades (PTU) a los empleados de la firma que subcontratan, debido a una jurisprudencia de la Corte de que cumplan con la Ley Federal del Trabajo.
Por otra parte, la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio conocer que en abril los negocios contratantes tendrán que dar aviso de operaciones que se desprendan de esta actividad, puesto que el outsourcing ahora es considerado dentro de las actividades vulnerables al ‘lavado’ de dinero.
El reporte de avisos que deberá presentarse incluso si sólo se contrató trabajadores bajo el régimen por un mes.
La industria maquiladora, el pilar económico de la ciudad, tiene un alto nivel de subcontratación. Al cierre del 2016, el 12 por ciento de su plantilla laboral –28 mil 809 de sus 237 mil 448 trabajadores– eran reclutados y administrados por parte de una firma de outsourcing.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el nivel más alto de outsourcing en la industria fue del 20 por ciento durante marzo y abril del 2013.
El economista Luis Jesús Alamilla Ocaña, coordinador de la maestría en Negocios Internacionales de la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI-ITCJ), indicó que con esto ahora los costos serán mayores por fiscalización del SAT, debido a que ahora se tendrá que contratar a alguien que haga los reportes o se encargue de este personal.
Sánchez Mejorada dijo que antes las empresas “buscaban (el servicio) para no adquirir responsabilidades en los trabajadores; ahora con la corresponsabilidad, las empresas estaremos evaluando si amerita que los contraten ellos o que sean contratados directamente por las empresas”.
Sin embargo, contrastó al mencionar que estas medidas vienen a apoyar a los trabajadores debido a que ahora la empresa contratante tendrá que cumplir con los requisitos legales y lo que impone la autoridad en seguro social, algo que implica una responsabilidad compartida.
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