Reforma
2017-02-01Ciudad de México─ Un ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite las controversias constitucionales promovidas ayer por el Ejecutivo y el Senado para pedir la invalidez de los Lineamientos sobre Defensa de las Audiencias, emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las demandas y requirió al IFT y otras autoridades para que presenten su contestación.
Los demandantes no solicitaron al ministro suspender, mientras se tramita el juicio, la vigencia de los lineamientos, que por ser una norma general, probablemente no serían frenados por la Corte aun si lo pidieran los interesados.
El Ejecutivo también impugnó en su demanda la validez de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, que facultan al IFT para emitir reglas en materia de defensa de los derechos de la audiencia.
Por tanto, el Congreso de la Unión tendrá que defender la Constitucionalidad de estos artículos, que fueron modificados respecto de la iniciativa de ley del Ejecutivo, donde se contemplaban los derechos de las audiencias, pero no se daban atribuciones al IFT para emitir regulación en la materia.
En tanto, el Senado aparentemente sólo cuestionó los lineamientos, pues considera que con ellos el IFT pretende imponer censura previa a los medios, además de atentar contra la libertad de expresión al imponer conceptos como "veracidad", "noticia" y "opinión".
La Corte no tiene plazo para tramitar el asunto, pero el Senado anunció que también solicitó a los ministros ejercer la llamada atención prioritaria sobre estas controversias, figura que sólo se ha utilizado una vez, el año pasado, para agilizar demandas contra reformas anticorrupción en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
Si la Corte considera procedente la atención prioritaria, Pérez Dayán tendrá que elaborar con rapidez sus proyectos de sentencia, el ministro presidente tendrá que darles preferencia en la lista para sesión del Pleno, y los casos podrían estar resueltos aproximadamente dentro de uno a dos meses.
Para invalidar los lineamientos será necesario el voto de al menos ocho de los once ministros, a menos que una mayoría considere que no son norma general, sino un mero acto administrativo del IFT, en cuyo caso bastaría el voto de seis ministros para anularlos.