El Universal
2015-11-24Distrito Federal.- El sector acerero se pronunció en contra de la iniciativa de al considerar que representa un riesgo innecesario a la competitividad de la industria, ya que al privilegiar energías limpias y sub-utilizar plantas de generación de ciclo combinado que operan con gas subirá el precio de la electricidad en 10%, equivalente a 2 mil 200 millones de dólares al año.
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) coincidieron en que deben diferirse las metas de cumplimiento expresadas en el proyecto de ley, reducir las multas respecto a la obligación de contar con Certificados de Energías Limpias ya que hay un riesgo para la competitividad de las empresas.
Para Canacero, dicha legislación representa “un alto riesgo” porque podría aumentar los costos de la electricidad, ante la imposición de compromisos mucho mayores para México a los que toman otros países como es el caso de China y de Estados Unidos que contaminan más.
En cuanto a las multas, aseveró que el no utilizar fuentes de energía limpia implicaría multas de 6 a 50 salarios mínimos, esto es, de 26 a 218 dólares por megawatts, si no se cuenta con un Certificados de energías limpias; lo cual equivaldría a un aumento en el costo de la electricidad de entre 9 y 72% sobre las tarifas industriales actuales.
Además de que el costo de los certificados representaría un aumento para los consumidores de electricidad de entre 2 mil a 18 mil millones de dólares al año, aseguró la Canacero.
“El efecto combinado de privilegiar las energías “limpias” e imponer penalizaciones implica un posible aumento en el costo de la electricidad de entre 20 y 80 por ciento en las tarifas actuales”, advirtió.
Por lo que los acereros organizados sugirieron considerar al gas como combustible de baja emisión; reducir las penalizaciones; incluir conceptos de eficiencia energética como manera de cumplir la reducción de emisiones; reconocer la autogeneración como métodos para disminuir las emisiones al no generar pérdidas por transformación, transmisión y distribución.
“Una política orientada a la reducción de emisiones, y no en el porcentaje de participación de energías renovables, puede tener un impacto más favorable en el medio ambiente, sin afectar la competitividad del país”, aseveró la Canacero.