Víctor Fuentes
Agencia Reforma
Distrito Federal— Un magistrado federal confirmó la sentencia que declaró en quiebra a la aerolínea Mexicana de Aviación, dictada en abril pasado por la juez Edith Alarcón luego de un fallido proceso de concurso mercantil que se prolongó durante casi cuatro años.
Jaime Marroquín Zaleta, titular del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa, rechazó argumentos de sindicatos, trabajadores y algunos otros acreedores que, en total, promovieron al menos 152 recursos de apelación contra la sentencia de Alarcón.
La sentencia fue dictada el pasado viernes y notificada ayer.
Marroquín consideró correcta la decisión de la juez Alarcón de no aprobar el convenio concursal propuesto por el conciliador del concurso y ex administrador de la empresa José Gerardo Badín, mismo que se consideró inviable ante la ausencia de algún empresario capaz de demostrar la solvencia económica necesaria para inyectar capital a Mexicana.
El magistrado también confirmó las sentencias de quiebra de las filiales Click y Link.
Los inconformes con la quiebra aún pueden promover amparos directos ante un tribunal colegiado de circuito, que será la instancia final de revisión del caso.
Desde que se declaró la quiebra, el síndico Alfonso Ascencio Triujeque ha estado a cargo del complejo proceso de liquidar los pocos activos que tenía Mexicana, con la idea de pagar lo más posible a acreedores a los que se reconoció una deuda de 3 mil 82 millones de UDIS, alrededor de 13 mil 600 millones de pesos.
Ascensio se encontró con varias sorpresas cuanto tomó posesión de los bienes y contabilidad de Mexicana, entre ellas, que Badín nunca dio de baja a los más de 7 mil trabajadores, por lo que en el papel se siguió acumulando una deuda laboral posterior a la sentencia de concurso mercantil, que suma más de 10 mil 500 millones de pesos.
El síndico también reportó en julio pasado que los activos de Mexicana, Click y Link ascendían a mil 742 millones de pesos, de los que solo 85 millones de pesos estaban libres de gravámenes o restricciones y pueden ser utilizados libremente para pagar a acreedores.
La liquidación es supervisada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil, a cargo de un secretario en funciones de juez desde que Alarcón fue ascendida a magistrada al inicio de octubre, y pueden pasar varios años para que se declare el cierre definitivo del expediente.