El Universal
2014-10-22
Distrito Federal— Los recientes problemas de inseguridad y violencia en el país pueden intimidar las intenciones de los empresarios por invertir en México, por lo que es necesario que el Gobierno federal no subestime los actuales hechos y ataque este fenómeno de manera decidida, advirtieron analistas.
Según diversos estudios, la inseguridad en México tiene un costo anual de entre 0.5 y 1% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de 90 mil o hasta 180 mil millones de pesos.
Sin embargo, hay quienes agregan a este cálculo los efectos colaterales del miedo y la violencia que se generan por la inseguridad y que pueden elevar las pérdidas económicas anuales a niveles de entre 8% y hasta 15% del PIB, lo que representa un valor de entre 1.4 y hasta 2.7 billones de pesos.
Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera como costos directos las pérdidas en salud y capital humano, que incluyen la atención médica y sicológica, así como la rehabilitación de las víctimas de los hechos de violencia.
También integra entre los impactos negativos las pérdidas presupuestales y materiales, las cuales derivan de los gastos en seguridad privada y en los hogares, además de la procuración de justicia y justicia penal.
Como costos indirectos, el BID suma a los gastos de inseguridad las pérdidas en la productividad e inversión, las mermas en trabajo y en el consumo, además de transferencias e impacto distributivo de bienes muebles e inmuebles y efectivo producto de la violencia y el delito.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI registró que entre 2005 y 2012 los negocios que cerraron por la inseguridad fueron poco más de 16 mil. La institución no ofrece los datos de 2013 y 2014.
De acuerdo con un informe del Centro de Análisis en Políticas Públicas México Evalúa, el gasto público en seguridad ha sido uno de los que más han crecido en los últimos años, sin que haya resultados evidentes de su impacto en seguridad y justicia penal.
El tanto, un estudio de la firma FTI Consulting reveló que los empresarios y gerentes de negocios en México tienen una percepción alta de inseguridad pública que impacta en las operaciones de sus unidades económicas.
Según los resultados, 57% de los empresarios habrían sido afectados, en una u otra medida, en sus operaciones por el clima negativo de inseguridad.
En ese mismo sentido se manifestaron 51% y 43% de las firmas en la Ciudad de México y de Monterrey.
El Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) reconoció, en un análisis, que si el gobierno continúa desestimando la gravedad que implica tener un Estado de derecho endeble y en deterioro, como si nada estuviera ocurriendo, podría tener fuertes impactos sobre las varias expectativas de crecimiento de las reformas.
En este entorno, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas anunció la creación de un Comité Anticorrupción para evitar malas prácticas a nivel corporativo, en compañías y bancos.
Su presidente, Daniel Calleja, reconoció que directivos de empresas están expuestos a la corrupción, y que el combate a esta práctica es una de las signaturas pendientes, al igual que la informalidad e inseguridad.