Reforma
2014-10-01
Distrito Federal ─ Una jueza federal confirmó que Pemex y su filial Refinación han incurrido en prácticas monopólicas relativas por otorgar a su sindicato el derecho exclusivo para el transporte de combustibles hacia las gasolineras, lo que genera un sobreprecio de más de mil millones de pesos anuales.
Irma Leticia Flores, titular del Juzgado Primero Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, negó a la empresa el amparo que promovió contra la resolución dictada en agosto de 2013 por la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC), que incluyó dos multas que sumaron 653 millones de pesos.
"Durante el juicio, Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación no lograron acreditar que la entrega de gasolinas y diesel de las terminales de almacenamiento y reparto a las estaciones de servicio sea una actividad propia del área estratégica de la industria petrolera, por lo que la CFC sí tenía facultades para sancionar la práctica anticompetitiva denunciada", explicó la jueza.
"Dicha práctica fue desplegada por un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante, que tuvo o puede tener el objeto de desplazar indebidamente e impedir el acceso de otros participantes en el mercado de entrega de gasolinas y diesel, dañando el proceso de competencia y libre concurrencia", agregó.
Pemex podrá impugnar la sentencia ante un tribunal colegiado de circuito, pero actualmente no existe una suspensión judicial para frenar los efectos de la resolución de la CFC, que dio 30 días para suprimir la práctica en cuestión.
En consecuencia, la paraestatal ha litigado intensamente para no cumplir esta orden, promoviendo al menos dos amparos adicionales contra oficios de la CFC que requirieron a la empresa para cumplir la resolución y quitarle la exclusiva sobre el transporte de combustibles al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Uno de estos amparos fue desechado en definitiva el pasado 24 de julio por el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones y Competencia, mismo que lo consideró notoriamente improcedente.
El otro amparo contra los requerimientos de la CFC también fue negado hoy por la jueza Flores.
Pemex y el STPRM han alegado que la práctica no puede modificarse porque deriva del Contrato Colectivo de Trabajo, pero el pasado 30 de enero, el tribunal colegiado consideró que la orden de la CFC debía cumplirse porque de lo contrario se afectaría el interés público.
El tribunal revocó en esa ocasión una suspensión que una juez había otorgado al STPRM en un amparo paralelo, que ya también fue desechado porque la resolución de la CFC no fijó responsabilidades a dicho gremio.