Romina Román
El Universal
La Reforma Financiera faculta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para aplicar medidas que pongan en orden a despachos de cobranza.
En la actualidad, estas empresas no reciben la supervisión de ninguna autoridad y sólo se rigen por esquemas de autorregulación y por un Código de Ética.
En el Decreto que se aprobó en la Cámara de Diputados y que se turnó al Senado de la República, también se obliga a las instituciones bancarias a vigilar la actuación de las agencias de cobranza que contratan.
En el documento se establece que a través de medios electrónicos y en sucursales, los intermediarios pondrán a disposición de sus clientes datos suficientes de identificación de los despachos externos.
Además de verificar a los despachos que contratan, los bancos tendrán la obligación de dar seguimiento al estado que guardan las reclamaciones que se presenten en contra de estas agencias de cobranza.
Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor S.C, anticipó que las nuevas acciones en materia de ejecución de garantías, que se aprobaron en la Reforma Financiera, serán un “caldo de cultivo” para los despachos de cobranza.
Incluso, alertó, ya iniciaron las amenazas de cárcel o embargos para quienes no paguen.
Aclaró que los despachos no tienen ninguna facultad para actuar de manera legal contra el deudor. “Sólo lo pueden hacer los acreedores, como bancos u otros intermediarios financieros que prestan recursos”.
De acuerdo con datos de la Condusef, al primer semestre de 2013, esta dependencia recibió 9 mil 212 acciones de atención a usuarios contra los despachos bajo el concepto de “gestión de cobranza y ofensa”.
En 2012, la cifra de denuncias ascendió a 35 mil; de éstas, 75% de las quejas fueron de personas que dijeron no ser los deudores; 18% argumentó gestión de cobranza con “maltrato” y 7% se debió a que el préstamo ya se había pagado.