Associated Press
2018-11-07
Ciudad de México— El Gobierno federal de México informó el miércoles que desde junio pasado abrió una investigación por posibles “prácticas monopólicas” realizadas en los fichajes de jugadores en el fútbol nacional.
Un comunicado de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) señaló que la actividad relacionada con las contrataciones podría haber violado la ley mexicana.
La COFECE indicó que investiga “contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí”. Mencionó también que las prácticas monopólicas en procesos de reclutamiento consisten en “un conjunto de conductas anticompetitivas que impiden la movilidad de los empleados en el mercado laboral”.
“Habrá apertura para que puedan investigar conforme a derecho y que investiguen lo que tengan que investigar”, dijo el director general deportivo de la Federación Mexicana, Guillermo Cantú. “En su momento se hablará porque es prematuro hablar de cosas relacionadas a esto, hay que dejar que lleve el conducto adecuado”.
En México, antes de cada uno de los dos torneos cortos que se realizan cada año, los clubes organizan un conjunto de reuniones denominado “draft”. Pese a su nombre, este evento no constituye un reclutamiento de jugadores colegiales, como ocurre en el deporte estadounidense.
Más bien se trata de un régimen de transferencias. Los equipos sostienen reuniones durante las que se ponen de acuerdo y negocian los traspasos de jugadores que aún tienen contrato.
Pero existe una práctica no escrita en los reglamentos –el denominado ‘pacto de caballeros’– que consiste en el pago que debe recibir un club por derechos de formación antes de permitir que un jugador cambie de camiseta.
Ese mismo acuerdo impedía a un jugador que emigraba al extranjero el volver al país sin el consentimiento del club de procedencia.
Los dirigentes de la Liga mexicana y la Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales anunciaron en abril de este año que la práctica, de larga vigencia en el país, llegaba a su fin y que los jugadores podrían firmar libremente. Además anunciaron que se crearían mesas de trabajo junto con los jugadores para redactar un nuevo reglamento de transferencias que entraría en vigor en 2019.
Los jugadores habían amagado con hacer un paro si no se modificaba la práctica.
“Nosotros no estamos al tanto oficialmente y no sabemos en qué se basa todo esto, pero estamos en la disposición de cooperar en lo que se tenga que hacer”, dijo Álvaro Ortiz, presidente de la asociación de futbolistas. “Queremos lo mejor para el fútbol mexicano, venimos platicando hace muchísimos años porque hay derechos que se tienen que respetar”.
La COFECE dijo que la investigación comenzó el 29 de junio de 2018 y el draft de este año se realizó el 6 del mismo mes.
El anuncio añadió que toda entidad que sea encontrada culpable podría recibir sanciones de hasta el 10% de sus ingresos y los individuos afrontarían hasta 10 años en prisión.
No se identificaron a clubes o personas bajo investigación.
“La investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica”, agregó el organismo en el comunicado.
El último caso que generó polémica en México se presentó en diciembre del año pasado con el zaguero Oswaldo Alanís, quien se negó a firmar una extensión de contrato porque deseaba emigrar a Europa en junio, cuando finalizaba su acuerdo. Su club Chivas lo mandó a entrenar con el equipo juvenil en un aparente intento por presionarlo. Forzada por una oleada de críticas, la dirigencia del Guadalajara cedió y el jugador actualmente milita en el Real Oviedo de la segunda división de España.
Otro caso reciente fue el del delantero Alan Pulido, quien se marchó a Grecia. Al volver al país, sin embargo, Chivas tuvo que negociar con Tigres, el club donde debutó, para acordar el pago de los derechos de formación.
La COFECE informó que el plazo de la investigación será de hasta 120 días hábiles, alrededor de seis meses, un plazo que podría ser ampliado hasta cuatro ocasiones.