Agencia Reforma
2018-07-17
Ciudad de México.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) ordenó la aprehensión de Ricardo Antonio La Volpe por los delitos de atentados al pudor y hostigamiento sexual, en agravio de la podóloga Alma Belén Coronado.
No obstante, el exdirector técnico de las Chivas y del América no será detenido porque de inmediato promovió un amparo y consiguió una suspensión contra el mandato de captura, bajo la condición de presentarse ante el juez de la causa en un plazo de tres días, indican listados judiciales.
De acuerdo con fuentes allegadas a la víctima, La Volpe compareció ayer ante el Juzgado Séptimo de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en la causa penal 321/2016, y en los próximos días se definirá su situación jurídica.
Tras cuatro años de haber sido denunciado, finalmente, en cumplimiento a una sentencia de amparo, la Segunda Sala del STJEJ consideró que sí había indicios para librar la aprehensión contra el también exseleccionador nacional.
El 30 de mayo pasado el Primer Tribunal Colegiado de Jalisco concedió un amparo a Coronado en el que ordenó al STJEJ reponer el procedimiento, pero partiendo de que las pruebas en contra de La Volpe desvirtuaban su presunción de inocencia.
Dicho amparo lo presentó la quejosa contra la negativa de aprehensión del 17 de febrero de 2017, del STJEJ.
“Del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia reconocido constitucional y convencionalmente a favor del activo”, dijo el colegiado.
En cumplimiento a la sentencia del colegiado, la autoridad judicial local estimó que sí había indicios para presumir la existencia de los delitos y la probable responsabilidad del denunciado, razón por la que autorizó su captura.
El director técnico presentó un amparo y la juez federal Armida Buenrostro Martínez le concedió la suspensión definitiva, al ser informada de la existencia de la aprehensión. Para mantener vigente la protección de la justicia, el acusado deberá pagar una garantía de 50 mil pesos.
Desde el fallo del colegiado, la suerte del director técnico prácticamente estaba echada porque los magistrados consideraron que el testimonio de la podóloga no era una prueba aislada y estaba corroborado con otras evidencias que concluyen que fue víctima de violencia sexual.